domingo, 28 de noviembre de 2010

Andalucía como Síntoma del profesor Sosa Wagner

Uno de los mejores juristas de España, catedrático de Derecho Administrativo y autor de monografías imprescindibles sobre derecho público, fue atraido por el partido de Rosa Díez y se presentó como independiente al Parlamento Europeo, consiguiendo el escaño. Ahora está ya afiliado al partido y aportando claridad e ideas. No se si os dais cuenta pero se está haciendo oposición. Ya han empezado a abrir los ojos sobre las Autonomías, el PP y los empresarios. Ahora estamos tocando las entidades locales. Pero hoy publicamos en esta página un artículo sobre nuestra tierra, hecho por don Francisco, que además fue compañero de pupitre de un amigo del partido en Fuengirola. Que pequeño es el mundo. Ojalá podamos verlo por aquí algún día.

Debemos aprovechar la ocasión que brinda la manifestación que ha tenido lugar en Andalucía de miles de funcionarios pidiendo una Administración neutral y apolítica para recordar principios básicos que parecen eclipsarse. Lo de Andalucía no es además un fenómeno aislado. Antes al contrario, a mí me llegan desde todos los rincones de España denuncias graves que ponen de relieve hasta qué punto se está desmoronando nuestra función pública.

La alegría -y la ignorancia- con la que algunos empiezan a defender el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos produce escalofríos. Era lo único que nos faltaba. Pero más alarma produce defenderla y luego escamotearla a través de la creación de sociedades, fundaciones, organismos y otras miasmas que convierten al personal de las Administraciones en rehén de quienes ostentan el poder político.

Ha sido muy difícil históricamente llegar a disponer de personal técnicamente cualificado. De la venta de oficios, propia del Antiguo Régimen, se pasó a un sistema de elección en los comienzos de la revolución liberal. Los empleos municipales fueron precisamente un ejemplo de ello a partir de la obra de los doceañistas. El esfuerzo de algunas mentes lúcidas, ya en el siglo XIX, fue construyendo el camino hacia la profesionalidad entre los servidores del Estado. Nombres como los de José Posada Herrera, quien se lamentaba de que el ministro tuviera que vivir aherrojado “entre el expediente y el pretendiente”, o el de Juan Bravo Murillo han de ser inscritos entre los defensores de una Administración pública edificada sobre la neutralidad de la técnica y la imparcialidad de los conocimientos. Aunque pocos logros consiguieron.

Ya en el siglo XX es Antonio Maura quien instaura prácticas tímidas destinadas a obstaculizar el recurso al “cese” fulminante cuando había un cambio político. En la inolvidable novela de Pérez Galdós “Miau” se hace un retrato demoledor de esa sociedad en la que el empleado público vivía atemorizado por los vaivenes de la política, por pequeños que estos fueran.

La II República, que algunos tanto añoran en la actualidad, apenas si se ocupó de la función pública y fueron precisamente los secretarios e interventores quienes sufrieron sucesivas y gravísimas “depuraciones” al hilo de las mudanzas que propiciaron, primero las elecciones de 1933 (con un Partido Radical ávido de cargos en pueblos y villas) y luego las de febrero de 1936 (con un Frente popular dispuesto a la revancha sin contemplaciones). En mi libro “Juristas en la Segunda República” (2009) he tratado de probar estas afirmaciones.

En la dictadura de Franco se pasa de la politización extrema (depuraciones y fusilamientos) a lo que se ha llamado el “enfriamiento tecnocrático”, esto es, un intento de despolitización y profesionalización, en parte logrado.

La democracia no ha sabido dar con su propio modelo, llenos como estaban algunos partidos políticos y no digamos los sindicatos de prejuicios hacia los funcionarios. Se abre entonces la vía -pronto generalizada- de la laboralización que permitió contratar sin pruebas públicas a miles de empleados. Tenemos un Estatuto aprobado por ley y se nos ha amenazado con 17 leyes de funcionarios, una por Comunidad autónoma. Mayor festín legal es imposible.

Pero la perversión más peligrosa viene ahora por el camino de los entes instrumentales al servicio de las Administraciones y al servicio del clientelismo descarado que se practica desde la esfera política.

La bandera a levantar es muy clara y está fijada en la Constitución: principio de mérito y capacidad. Reglados los ingresos, los ascensos, las retribuciones... Cuanto menor sea la discrecionalidad en este ámbito, mejor. Y la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a un puesto público en el frontispicio.

No hay nada que inventar. Todo consiste en ser consecuente con los principios constitucionales. Algo tan simple pero, a lo que se ve, tan difícil...


Don Francisco Sosa Wagner

viernes, 5 de noviembre de 2010

UPyD abre los ojos al PP

UPyD abre los ojos al PP

David Ortega

Miembro del Consejo de Dirección de UPyD
Candidato por UPyD a la alcaldía de Madrid
Vicerector de la Universidad Rey Juan Carlos I

Publicado el 02-11-2010 en El Imparcial
http://www.elimparcial.es/nacional/upyd-abre-los-ojos-al-pp-73287.html





No hay mal que por bien no venga, y aunque haya más de plagio que de reconocimiento, el PP ha tardado más de tres años en ver lo que UPyD lleva denunciando desde que nació: que nuestro Estado de las Autonomías no se sostiene en términos financieros, amén de que hay que racionalizarlo y dotarlo de mayor eficacia y eficiencia. Bueno, realmente el PP no llega a tanto, aunque es sólo cuestión de tiempo, por el momento Rajoy habla de simplificarlo y evitar duplicidades y descoordinaciones. Algo que, curiosamente, ya denunció en marzo de 2010 también UPyD en la única publicación específica -con estudio de campo incluido- que conozco al respecto. El libro lleva por significativo título “El coste del Estado Autonómico”, elaborado por el grupo de administración pública de UPyD.

Realmente es curioso observar la evolución que ha tenido el PP en esta materia. En un primer momento Rajoy negó esta realidad y en un discurso público dado a los pocos días de que Rosa Díez presentara el libro -y el sorprendente dato de que con una gestión más eficaz y racional del Estado Autonómico, nos podríamos ahorrar todos los españoles la nada desdeñable cantidad de 26.000 millones de euros- llamó a los españoles a desconfiar de aquellas fuerzas políticas -sin mencionar a UPyD- que critican nuestro actual Estado Autonómico y hablan de su necesaria reestructuración. Algunas semanas después un periódico nacional bastante próximo al PP publica el dato de que la mayoría de los españoles quieren que el Estado Autonómico siga como está, ni que aumente su descentralización, ni que disminuya. Posteriormente, el 27 de octubre ese mismo periódico da en portada el siguiente titular: “Simplificar el Estado autonómico. Rajoy y Botín, de acuerdo”. Dedicando al tema su editorial con el siguiente subtítulo: “El problema real es la estructura administrativa, viciada de inflación de órganos, duplicación de competencias y exceso de empresas públicas”. De qué forma más curiosa se reescribe la historia. Pero tenemos antecedentes en esto del plagio político.

Esperanza Aguirre ha vendido a bombo y platillo la defensa de la autoridad del profesor en las aulas. Sin embargo, nuevamente fue UPyD quien presentó antes que nadie esta idea en forma de proposición de ley orgánica en el Congreso de los Diputados, ahí está el Diario de Sesiones del Congreso para quien quiera consultarlo. Lo malo de los plagios es que se suelen hacerse mal, pues falta la visión panorámica y en profundidad de la cuestión que se quiere solventar. Así, con el PP el profesor tiene autoridad en Madrid, pero la pierde si está en Segovia. No parece muy coherente, básicamente porque no lo es. UPyD plateó esta cuestión como lo que realmente es, un tema de Estado, de ámbito nacional y por ello lo hizo en el Congreso de los Diputados, nunca puede ser un tema geográficamente parcial o simplemente autonómico.

En fin, bienvenido sea si así UPyD logra ir marcando una pauta de sensatez y sentido común en temas de la relevancia del Estado Autonómico o de la educación, bien es verdad que en honor del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, de la Ley de Propiedad Intelectual, no estaría mal que se reconociera la verdadera autoridad intelectual de los mismos, aunque no estemos ante una obra literaria, artística o científica, tal y como señala su artículo 1.